El gobierno estatal informó que al cierre de 2025 destinó una inversión histórica superior a 455 millones de pesos a infraestructura de seguridad y procuración de justicia. La cifra fue presentada por la Secretaría de Obras Públicas como parte de un balance sobre proyectos que buscan fortalecer instalaciones, capacidades operativas y atención institucional en un rubro considerado prioritario. La administración de Américo Villarreal enmarcó ese gasto como una pieza estructural del esfuerzo por mejorar condiciones de seguridad pública, no solo mediante presencia policial, sino también con espacios y equipamiento para tareas de justicia. El mensaje fue claro: detrás de los resultados del discurso oficial en seguridad existe una estrategia de obra pública orientada a sostenerla. En una agenda dominada por cifras delictivas, el dato permitió trasladar la conversación hacia el soporte material de las instituciones.